Vecinos de las calles Poniente 7 y 8 del Fraccionamiento Magisterio del Municipio de Mineral de la Reforma, solicitaron la intervención de  los integrantes del  Congreso local  al considerar injustificado y carente de sustento legal, el retiro de las fuerzas públicas del  municipio de las rejas colocadas en las calles de su domicilio para resguardar la seguridad de los habitantes.

El legislador Juan Manuel Camacho Bertran, integrante de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, señaló que mediante un documento los habitantes de dichas calles les manifestaron su preocupación por los altos índices de  inseguridad y la forma de actuar de las autoridades municipales contra las medidas de autoprotección.

De acuerdo con el diputado, los afectados manifiestan que preocupados por el agravio ocasionado por la delincuencia específicamente en la calle Poniente 7 durante los últimos meses, decidieron s buscar alternativas inmediatas para la seguridad de nuestras familias y el cuidado de nuestro patrimonio.

En un documento refirieron que los vecinos de la calle Poniente 7 acordaron protegerse primeramente con la instalación o fijación de rejas, después de enterarnos que personas ajenas a la colonia y vehículos con placas de otros estados, en días previos vigilaban nuestras vidas, permitiéndoles la comisión de delitos sin mayor dificultad, por lo cual se decidió colocar rejas las cuales fueron retiradas por la  fuerza horas después por agentes de seguridad local en medio de un fuerte operativo».

Aseguraron que el seis de marzo se colocaron dos rejas en ambos extremos de la calle y el ocho de marzo del presente año un número aproximado de cuarenta elementos de la policía y cuatro personas con maquinaria pesada realizaron la destrucción y retiro de las rejas.

Lo anterior a decir de los inconformes los deja en total estad de indefensión ante la delincuencia que se abate en ese lugar  y que con estas acciones aparentemente las autoridades municipales que los tratan como los delincuentes parecen ayudar a los delincuentes y no a la población.

Por lo anterior a decir de los legisladores una vez analizada la situación consideran  que la seguridad pública es un tema que requiere la puesta en marcha de acciones coordinadas de la autoridad y los ciudadanos, para fortalecer los programas y medidas que permitan contar con un mayor esquema de seguridad, por lo que se pide a las partes involucradas llegar a un acuerdo para evitar el embate de la delincuencia y la actuación de las autoridades locales.

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