La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantendrá congeladas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), pese a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito debido a que se encuentra vigente un segundo acuerdo de bloqueo emitido por la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, la UIF presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, por irregularidades en el recurso en el que ordenó liberar las cuentas, lo anterior fue confirmado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Ayer se informó que por unanimidad de votos los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito habían ordenado liberar las cuentas bancarias de la UAEH congeladas desde hace más dos años por la UIF.

Respecto al juicio, los magistrados José Guadalupe Sánchez González, Aníbal Lafragua Contreras y Juan Carlos Hinojosa Zamora resolvieron por unanimidad de votos el recurso de queja interpuesto por la UAEH, quien reclamó que desde el 15 de mayo del año pasado obtuvo la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 231/2019-2, a fin de que sus cuentas fueran habilitadas.

El Tribunal Colegiado señala que la UIF incumplió con el ordenamiento, pues, aunque el 24 de mayo de 2020 pidió a HSBC desbloquear las cuentas, un día después le ordenó inhabilitarlas nuevamente e incluirla en la “Lista de Personas Bloqueadas”, por ello el Tribunal Colegiado determinó que la UIF incurrió en el cumplimiento y requirió para que, dentro del término de 24 horas, a partir de que sea notificada, acredite el desbloqueo y acceso sin restricciones a las dichas cuentas bancarias, que acumulan 151 millones de dólares.

Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, sería denunciada al Ministerio Público de la Federación, pues el artículo 262 de la Ley de Amparo en sus fracciones III y IV, especifica que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.

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