El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia luego de que la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas.

La renuncia ocurre también bajo un contexto de tensión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa.

El presidente Andrés Manuel López confirmó este martes la renuncia de Gómez Trejo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprensión, ósea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que haya sacado las ordenes de aprensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, dijo.

López Obrador dijo que su administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.

A quienes encubrieron a los responsables de esta desaparición de 2016 les dijo: “No estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Viene otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr”.

En junio de 2019, la FGR nombró a Gómez Trejo, exconsultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala.

Su renuncia ocurre a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Unidad Especial de Investigación es la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

También tiene a su cargo el conocimiento, trámite y resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con el caso.

Las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.

Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

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