POSICIONAMIENTO «A FAVOR» RELATIVO AL DICTAMEN SOBRE TELECOMUNICACIONES.
Con la venia de la Presidencia,
Compañeras y compañeros legisladores:
El dictamen que hoy votaremos es resultado de un largo y muy intenso proceso de debate en el que hemos participado y en el cual la sociedad ha estado muy atenta, en espera de que concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones moderno, abierto a la competencia, que atraiga inversiones, que cree empleos y que sea accesible para los ciudadanos.
Es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional que le dio origen y que fue producto del más amplio consenso emanado de una exigencia social. Su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las oportunidades de desarrollo que no deben postergarse más. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del dictamen.
Durante los últimos años hemos observado cómo diversos países han crecido vertiginosamente, gracias a su dinamismo y capacidad de innovación; y hemos presenciado la transformación de economías modestas en protagonistas a nivel mundial.
En México necesitamos construir una economía que permita acotar la desigualdad social, incentivar la productividad y la competitividad, fomentar el empleo, fortalecer el salario, es decir, necesitamos un mayor crecimiento. Ahora, se nos presenta la gran oportunidad de dar a México una de las más grandes herramientas, que tiene el potencial de detonar el desarrollo económico y social de nuestro país, las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Es así que el dictamen que nos ocupa promueve la competencia económica y la defensa de los derechos de los usuarios y de las audiencias, de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Es una herramienta que refrenda la prohibición de la existencia de monopolios prevista en el artículo 28 constitucional, así como el libre e irrestricto acceso a información veraz y oportuna.
La columna vertebral de la ley son los usuarios receptores de los servicios de telecomunicaciones y las audiencias que reciben el servicio de radiodifusión, por ello observamos mecanismos muy claros a través de la PROFECO y del IFT para defender los derechos de los usuarios que se establecen en la ley de telecomunicaciones y en la ley del consumidor y la figura de los defensores de las audiencias.
Cabe destacar que la minuta que proviene del Senado contiene adicionalmente dos capítulos específicos que establecen derechos para las personas con discapacidad tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, ya se han citado varios ejemplos, pero no se ha dicho que los operadores deberán ofrecer disponibilidad a dispositivos terminales que contengan funcionalidades que permitan la accesibilidad para este importante sector de la población.
Una de las principales preocupaciones de esta legislatura ha sido la de combatir a la delincuencia para lograr un México completamente en Paz. Por estas razones, hemos impulsado diversas leyes y reformas que dotan a las instancias de seguridad y de procuración de justicia de las herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos y dar seguridad a la población.
Las telecomunicaciones son un factor crítico para la lucha en contra de la delincuencia, por ello, en el dictamen se contempla un Título dedicado a la colaboración de los concesionarios con la justicia. En el se establecen las obligaciones que los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones deberán acatar para contribuir con la investigación y persecución de los delitos.
El título de colaboración con la justicia se construyó a partir de la legislación vigente, retomando lo relacionado con la geolocalización en tiempo real, por lo que no se entiende el reclamo que se ha hecho. Estas disposiciones llevan algunos años vigentes y han sido avaladas por nuestro máximo Tribunal.
En esta materia, se contempla en primer término la obligación a cargo de los concesionarios de colaborar en la localización geográfica en tiempo real de equipos o dispositivos móviles a solicitud de autoridad competente, que funde y motive la causa.
Sobre este aspecto de localización de equipos o dispositivos y como se dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente determinó su constitucionalidad, por lo que con toda seguridad, se incorpora esta valiosa herramienta que ha permitido y seguirá permitiendo combatir delitos como el secuestro o la extorsión.
Se ha criticado que esta disposición abre la posibilidad de que cualquier persona solicite la localización de equipos, sin embargo, dicha crítica carece de sustento, toda vez que el texto legal que se contempla en el dictamen señala que sólo, y subrayo sólo, serán aquellas autoridades que tengan competencia conforme a las leyes respectivas, por lo que no existe riesgo alguno de abuso o uso indebido de esta figura.
Más aún se debe publicar en el Diario Oficial el nombre y cargo del funcionario público que podrá solicitar la información, no es cierto que cualquier servidor público lo podrá hacer.
Otro aspecto que contempla el título de colaboración con la justicia es la conservación de la información relacionada con las comunicaciones, esto tampoco es algo nuevo, ya se encuentra previsto en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones. Con esta información, las autoridades competentes, se allegan de elementos que les permiten iniciar las indagatorias necesarias para la investigación de delitos.
Cabe mencionar que la información no está abierta a cualquier persona o autoridad, sólo a la autoridad a quien la ley le reconoce competencia.
La información sobre las comunicaciones de los usuarios se conservará 24 meses, 12 mediante instrumentos tecnológicos que permitan su consulta en línea por la autoridad competente a través del personal autorizado, a fin de agilizar la respuesta de las autoridades ante delitos de secuestro o extorsión, y 12 meses más en sistemas de almacenamiento electrónico.
Este mecanismo de ninguna manera significa una disposición absoluta de nuestra información, se trata de agilizar la persecución e investigación de delitos.
Nuestra información está protegida por las disposiciones legales en materia de datos personales y el dictamen contempla penas de 3 meses a 3 años de prisión para quienes, ilícitamente, dispongan de dicha información.
Por último y de manera muy importante, tal como lo señala la Constitución Federal las comunicaciones son inviolables y, en aras de colaborar con la justicia, sólo podrán intervenirse previa autorización u orden de autoridad judicial.
Debemos tener presente que el servicio público de telecomunicaciones concesionado a los particulares, exige que éstos presten la ayuda necesaria para combatir los delitos, por ello, la ley que ahora se dictamina, establece, tomando la legislación y experiencia vigente, las herramientas que han servido y continuarán sirviendo para brindar de seguridad a la población.
Muchas gracias.
