PGJEH, entre ineficiencia y los excesos 

La Procuraduría de Justicia en el Estado,  inició un proceso que hasta ahora ha sido fallido por no decir un fracaso. Cuando asumió el control Raúl Arroyo el pasado 18 de julio, lo primero que presentó  en el escritorio del gobernador Omar Fayad fue un diagnostico donde hablaba de la falta de capacidad de gran parte del personal, los compromisos de algunos y hasta actos de corrupción y con ello planteó la necesidad de hacer un proceso de reconfiguración que le fue aceptado.

Vinieron más de tres reuniones en varios despachos de integrantes del gabinete, pasó lo mismo con Israel Felix Secretario de la Política Pública en el estado que con el secretario particular Alejandro Enciso o el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva Laman Carranza, en todos los casos llevaba los argumentos de despidos y la justificación del ingreso de nuevos perfiles, aunque algunos pertenecieran al llamado Grupo Universidad con quien el gobierno mantiene un choque permanente.

En todos los casos recibió apoyo, dicen que uno de sus más entusiastas promotores es justamente el artífice de muchos procesos de reconfiguración y eficiencia en el gobierno,  el secretario Carranza Ramírez, pero también había quien cuestionaba sus cambios por considerarlos inviables y de muy bajo perfil, aun con resistencias lo dejaron actuar.

En su reconfiguración,  Arroyo González incluyó la contratación de la polémica jueza Sissi Anette Rodríguez, la justificación fue que ella sería parte del proceso de capacitación a todos los agentes del ministerio público, policías y peritos además,  se  encargaría desde la subprocuraduría de procedimientos penales de algunos “casos especiales”.

Pero ni una ni otra, las cifras confirman que la procuraduría atraviesa por una crisis que ha golpeado la confianza social, de 10 carpetas de investigación que inician judicializan 5 y de esas sólo una en promedio termina con el encarcelamiento del presunto responsable. Así de grave estas las cosas.

A punto de cumplir el año, hay quienes comparan la gestión del ex integrante del Grupo Universidad, con la de Rubén Licona Rivemar,  por el cúmulo de averiguaciones previas sin resolver, los graves casos de corrupción donde toda la policía usaba vehículos robados y los repartían entre familiares, delincuentes que operaban como madrinas de la entonces Policía Judicial, así de crítico.

Hoy de lo que se habla más que de resultados, es del bunker en el que ha convertido su oficina, impenetrable, nadie puede subir al segundo piso sin la autorización de su Director de Finanzas Maximiliano Hernández y del comedor privado que mando establecer con todo y chef y todo se afirma,  con cargo al erario.

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