Se instala en Hidalgo la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia

A fin de dar un puntual seguimiento a los lineamientos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad; en Hidalgo se instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, responsable de impulsar diferentes acciones y estrategias en la materia.

Lo anterior con la presencia de Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación (Segob); y con la asistencia de representantes de los tres poderes del Estado, así como de alcaldes que forman parte del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

El gobernador José Francisco Olvera Ruiz, afirmó que “el reto ahora es nuestro, trabajar con responsabilidad, con estrategia y con efectividad, en unidad y coordinación, escuchando todas las voces para seguir construyendo un Hidalgo seguro, que avance en armonía hacia un mejor porvenir”.

El mandatario dio a conocer que se llevó a cabo un diseño transversal de las políticas públicas, estatales y federales, para hacer de la prevención un movimiento colectivo que integre a toda la sociedad de distintos sectores y garantizar así la seguridad de los hidalguenses, de su patrimonio y su familia.

Recordó que en el estado se decidió por la integración de cuatro gabinetes sectoriales, que de la mano con los delegados federales, habrán de fortalecer las diferentes acciones del quehacer público en rubros específicos.

Mencionó que en la entidad ha funcionado, de manera eficaz, el grupo de coordinación interinstitucional, en el que participan, entre otras dependencias, la Secretaría de la Defensa Nacional, el cisen, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la PGR, la Policía Federal Preventiva, entre otras.

Otro de los antecedentes que dio a conocer el gobernador y que permitieron reflexionar y generar medidas dentro de un plan de reacciones inmediata, fue la iniciativa de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales en los que se prevé tipificar el delito de feminicidio.

En su oportunidad, Roberto Campa manifestó que con un presupuesto nacional de 115 mil millones de pesos, se realizarán acciones concretas para cada uno de los municipios contemplados en dos niveles, primero los que derivan del Subsemun que en el caso de Hidalgo incluye a los municipios de Huejutla, Ixmiquilpan, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río, Tula y Tulancingo.

“Posteriormente, y de manera prioritaria, el programa habrá de atender a los municipios de Tulancingo y Pachuca, respectivamente; no obstante que se está a la espera de que se pueda incluir a un tercero donde ya se prevé identificar las colonias en donde se genera mayor violencia”, refirió el funcionario federal.

Por su parte, Fernando Moctezuma Pereda, Secretario de Gobierno, detalló que dicho programa, en donde están sumadas las acciones de nueve secretarias de estado de la federación, a la que se incorporarán los cuatro gabinetes sectoriales presentados recientemente dentro de la estrategia Beneficios, alcanzarán en sus acciones, como objetivo primordial, el poder ampliar las medidas sociales, económicas, de salud y educación, atendiendo de manera específica a los sectores de la niñez, los jóvenes y las mujeres.

En su oportunidad, Esteban Ángeles Cerón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, coincidió en que es necesaria una participación conjunta, con visión integral y transversal en la que participe toda la sociedad para implementar el nuevo modelo de seguridad multidimensional que propone el ejecutivo federal.

Por ello, planteó una propuesta de integración social mediante pasos como el fortalecimiento de las estructuras de organización institucional, comunitaria y vecinal que tienen la intención de informar y concientizar a la ciudadanía sobre su importancia en el quehacer gubernamental, así como estrechar lazos solidarios entre sociedad y gobierno.

Todo ello permitirá que la ciudadanía haga suyas las propuestas de su gobierno, en atención a aspectos prioritarios, como el acceso a servicios básicos, vivienda digna, integración familiar, educación, y empleo, entre otras; “que los ciudadanos informados y consientes, puedan prevenir acciones nocivas, impulsando una cultura de la deliberación pública; así como el fortalecimiento del trabajo de los cuerpos de seguridad, todo esto a favor de la construcción de una cultura contra la violencia y el delito”.

A nombre de todos los municipios beneficiados, el presidente de Tulancingo, Julio César Soto, respaldó la estrategia preventiva del Ejecutivo Federal, ya que es reflejo de la gobernabilidad, coordinación y fortalecimiento del entorno público urbano de la municipalidad, que sin duda permitirá la integración social y familiar de todos los municipios de México.

El Programa Nacional de Prevención del Delito se deriva de una propuesta del gobierno federal, que hiciera el presidente Enrique Peña el pasado 1 de diciembre, en donde anunció como eje principal de su gobierno, un programa de prevención de la violencia y la delincuencia.

Posteriormente, el 17 de diciembre del año próximo pasado, en la primer Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores incluido el de Hidalgo, comprometieron alinear programas, acciones y presupuestos para hacer de la prevención social de la violencia, una prioridad de los estados.

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