En la última semana jueces federales resolvieron amparos, que pusieron en libertad  a un presidente municipal acusado de negociaciones indebidas y tienen con un pie en la calle a otro servidor público encarcelado acusado de peculado en la Secretaría de Educación Pública, en uno de los casos de corrupción más escandalosos en los últimos años, y en ambos casos se dijo que hubo un trabajo incansable durante semanas para obtener pruebas, pero el resultado dice otra cosa.

En el caso de Julio Cesar  Ángeles  Mendoza fue detenido y encarcelado justo 22 días antes de que tomará posesión como alcalde en Atotonilco de Tula, se le acuso de negociaciones indebidas por más de 202 millones de pesos cuando fungía como presidente municipal en el periodo 2009-2012.

Según el juez penal en Tula, Esteban Espinoza el expediente tiene pruebas y elementos que demuestra la presunta responsabilidad del ex integrante del Partido Verde Ecologista, pero desde un inicio se advirtió un detalle en la carpeta de investigación: el delito por el que era señalado ya había prescrito, es decir, aunque lo hubiera, el tiempo para juzgarlo se había acabado.

De hecho Ángeles Mendoza, no salió antes de prisión  porque la defensa tardo mucho en promover el amparo y el juez en resolverlo, pero pudo haber sido excarcelado a horas de haber pisado el Cereso de Pachuca, por un error que se pudo haber cometido por descuido o bien con alevosía, pero en ninguna de las dos suposiciones  se deja bien parado a los agentes del ministerio público, en ese entonces a cargo de Alejandro Straffon.

El segundo es igual o más grave, Antonio Turrubiarte ex director de recursos financieros de la Secretaria de Educación junto con el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación (SEPH) cometieron peculado por más de 600 millones de pesos, se aportaron pruebas y el juez penal en Pachuca dicto prisión preventiva, pero se violaron sus derechos humanos, los de presunción de inocencia y obtuvo un amparo federal  para ser liberado.

En palabras llanas y laxas, en ambos casos se violó el debido proceso, y aunque hayan cometido los delitos por los que se les acusa, el primero ya quedo absuelto y el segundo podría estar cerca de salir de prisión y por lo que se conocen de ambos expedientes y lo que han explicado los jueces, ninguno es inocente de las acusaciones, ojalá no ocurra lo mismo que con el caso de Florence Cassez, la francesa quien tuvo que ser liberada a pesar del señalamiento de sus víctimas de secuestro, sólo porque no se cumplió el debido proceso.

 

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