La PGJEH y el dilema impunidad o castigo

La Procuraduría de Justicia de Hidalgo tiene enfrente, la oportunidad de sentar el precedente nacional para sancionar y poner un ejemplo de lo que pudiera ocurrir con aquellos jóvenes que al amparo de sus familiares políticos deciden trasgredir la ley, con un trabajo profesional y certero el Ministerio Público podría pedir al juez la vinculación a proceso y prisión preventiva para Ali Fayad y Edgar Vargas por la agresión a un hombre el pasado primero de noviembre en calles de Huejutla, Hidalgo.

El propio encargado de la Procuraduría del Estado Santiago Nieto reconoció la gravedad del caso no solo por el hecho mismo de lo que todos hemos visto en un video de 27 segundos, sino también por la red que ha tratado de proteger a los involucrados y en ellos entiéndase desde una diputada federal hasta un presidente municipal y otros políticos de apellido Fayad, Vargas y Andrade que han tenido encargos.

Por ello, los responsables de integrar el expediente deben de tener muy claro que hay elementos claves para pedir que el juez encargado de justicia para adolescentes, aplique los criterios máximos para castigar esta conducta ilícita, y que pueda servir como ejemplo para que no sean normalizadas y mucho menos observadas bajo la lupa de un “reto viral”, “juego” “travesura” un intento de demostración de “poder” entre jóvenes,  y sí en cambio como un hecho ilícito, grave y de consecuencias que deben de afrontar se trate de quien se trate.

Llama la atención que en un aparente acto de transparencia el gobierno municipal de Huejutla encabezado por Daniel Andrade insista en que el agraviado tiene 48 años de edad, tratando con ello de evitar que se juzgue bajo la óptica de que se trata de un adulto mayor, sin embargo, está claro que aún sin esta agravante el Ministerio Público puede investigar y apegarse a lo que el código penal establece como reparación del daño y entonces justificar la comisión del delito que lleve a los menores a enfrentar prisión por lo menos 3 meses.

En manos de la Procuraduría de Justicia está demostrar que la ley no tiene distinciones, colores, mucho menos atiende intereses políticos, y  que en un estado dominado por grupos políticos regionales y caciques, es capaz de poner un freno a esas  generaciones que han atropellado la ley y causado daño a los que menos tienen.

El hecho debe de ir más allá de indignación, de las reacciones y de la aplicación del artículo 140, 146 y 202 bis del Código Penal del estado, debe de atender la conciencia y profesionalismo de quienes se encargan de perseguir y aplicar la ley en este estado.

De mi tintero… la diputada local Adelfa Zúñiga esta apunto de consolidar uno de sus principales golpes, al amparo de la ley y de los grupos políticos que se lo han permitido, reformó el código civil y creó el artículo 2732 bis en materia de sociedades civiles para beneficiarse y apoderarse de la herencia de Leonardo Ramírez Álvarez y pasar por encima de los derechos de los primeros hijos del exmagistrado… Esta semana tendrán una reunión los periodistas que resultaron agredidos por el exdiputado federal Julio César Ángeles y un policía privado en Pachuca, con el encargado de la procuraduría de justicia Santiago Nieto para analizar sus expedientes, en ambos casos el reclamo es claro y desde aquí la exigencia no sólo de que se castigue a los responsables sino de establecer los vínculos y mecanismos necesarios para proteger a quienes nos dedicamos a la labor periodística.

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