Magistrado Valentín Echavarría Almanza encabeza reunión de trabajo con integrantes de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
“Con el fin de que el Estado de Derecho proteja a las víctimas del delito y también cumpla con la obligación de respetar los derechos de los individuos sujetos a un proceso penal, la reforma constitucional de 2008 incorpora un grupo de medidas cautelares que serán de aplicación preferente a la prisión preventiva”, afirmó el Magistrado Valentín Echavarría Almanza, Coordinador de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Al encabezar una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión, el Magistrado indicó que la utilización de las medidas cautelares es una de las más importantes apuestas de dicha reforma, y el uso racional de las mismas constituye una de las metas más importantes para respetar el principio de presunción de inocencia.
Por lo anterior, resaltó como valiosas las aportaciones que durante la reunión hicieron los Doctores Carlos Ríos Espinoza y Javier Carrasco Solís, expertos en el tema de la nueva regulación de las medidas cautelares en el sistema jurídico.
De acuerdo con el artículo 269 del Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, algunas de las medidas cautelares aplicables al imputado son: presentación de una garantía económica; prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o el territorio que fije el juez; someterse al cuidado o vigilancia; presentarse periódicamente ante un juez; y separación inmediata del domicilio; además de otras.
Por su parte el Secretario Técnico de la Comisión, Magistrado José Manning Bustamante, comentó que las contribuciones teóricas y prácticas compartidas por los expertos serán de gran importancia para la correcta implementación de la oficina que recabará información relevante para que los juzgadores tomen la mejor decisión para imposición, modificación o cancelación en su caso de las medidas cautelares
Finalmente, destacó la trascendencia de este tema al referir que con la adecuada utilización de las medidas cautelares se podrá aumentar el grado de eficiencia de los procesos penales y al mismo tiempo respetar los derechos humanos de las víctimas e indiciados en el proceso penal.
