La Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, María del Socorro Castillo Sánchez, ordenó a las autoridades del penal federal del Altiplano atender médicamente al expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo S.C., quien actualmente se encuentra preso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por más de 58 millones de pesos.

La jueza concedió la suspensión al político hidalguense contra la negativa de las autoridades penitenciarias de prestarle atención médica y suministrarle medicamentos.

“Se suspende de plano y de oficio el acto reclamado, consistente en la negativa de prestar atención médica y otorgarle el suministro de medicamentos, para el efecto de que acorde a su expediente clínico y respecto de los padecimientos que tenga, reciba la atención médica que en su caso requiera. Por tanto, queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del quejoso”, determinó.

Asimismo, indicó que “se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de 24 horas informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho”.

La demanda de garantías fue presentada el pasado jueves 17 de septiembre en contra del director y del penal de máxima seguridad del Altiplano.

En ese sentido, Castillo Sánchez instruyó a un actuario supervisar el apoyo médico que se preste a Gerardo S.C, así también se solicitó que expresidente del patronato de la UAEH ratifique o no el amparo.

La garantía señala que de no hacerlo, se tomará por no presentado y quedará sin efecto alguno la suspensión que ordena otorgar atención médica al quejoso.

Gerardo S.C. expresidente de patronato de la máxima casa de estudios, fue detenido el pasado 31 de agosto en la Cuidad de México y vinculado a proceso el 6 de septiembre junto con tres de sus colaboradores: Juan Manuel H.G., María Luisa M.S. y María Cruz C.A.

El exrector de la máxima casa de estudios y sus coacusados fueron vinculados a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada en el desvió de 58 millones 245 mil 948 pesos que fueron triangulados entre 2011 y 2018 por la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S. C. entre las compañías Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A. de C.V. y la empresa Eficiencia en Negocios y Asociados S.C.

La Fiscalía General de República tiene pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión contra otros cuatro presuntos cómplices: Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastacia Elizabeth Baños Baños y las hijas del presidente del patronato, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto.

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