Incrementar sanciones para quien cometa delitos electorales: PRI

— La propuesta señala imponer prisión de cuatro a quince años a los funcionarios partidistas que presionen a la ciudadanía para vender su voto

Incrementar penalidades y sanciones a quienes cometan delito electoral en perjuicio del fortalecimiento de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, toda vez que lo más importante es garantizar elecciones limpias y equitativas, así como ampliar la participación ciudadana en las urnas y en la vigilancia del proceso.

Lo anterior, a propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, a tres meses de la jornada electoral federal del primero de julio en la que se renovará la Presidencia de la República, donde también pretende que se imponga prisión de cuatro a quince años, sin beneficio a libertad provisional a los funcionarios partidistas o a los organizadores de actos de campaña que infrinjan la ley.

Estas acciones, sostuvo la diputada Blanca Luz Purificación Dalila Soto Plata, confunden a la ciudadanía y las aleja de las urnas, por lo que se deben evitar las prácticas de clientelismo y las acciones que utilicen a las elecciones como objeto para el menoscabo, la pérdida y el sacrificio de la libertad de la persona que se ve presionada para vender su voto.

La legisladora, que presentó la iniciativa parta reformar el Código Penal Federal, afirmó que es necesario reconfigurar las bases normativas que permitan terminar en forma definitiva con el flagelo del fraude electoral que va en desprestigio de las instituciones, y por ello hay que hacer las adecuaciones para garantizar el ejercicio de los derechos políticos en forma autentica y transparente.

Recalcó que es deber del Congreso, en esta hora difícil para la vida institucional del país, cuidar que se prevenga, se investigue, sancione y repare cualquier violación a los derechos humanos en materia electoral para vivir en plena democracia, en apego al principio rector de que son los Poderes del Estado los que han de preservar las libertades y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y evitar la opacidad que caracteriza la realización de las elecciones en México.

Advirtió que no es conveniente para el país y sus instituciones ni para la vida de una República como la nuestra que se tipifique a México por sus perfiles de democracia intervenida, y manifestó que imperativo considerar que los actos delincuenciales electorales son realizados comúnmente y con frecuencia por dos o más personas que en forma reiterada realizan estas transgresiones, lo cual se tipifica como delincuencia organizada.

La diputada priista apuntó que la situación que prevalece obliga a pensar en decisiones que detengan esta tendencia a la degradación de las instituciones electorales, por la acción de la delincuencia que se roba votos donde no quedan exentas de cuestionamientos las instancias de gobierno federal y locales, que son señaladas por su intervención en las elecciones.

Es preocupante la constante violación del Código Federal Electoral, norma que regula las elecciones en México, pues estos procesos siguen condicionados por la cultura de ganar a como dé lugar, sin meditar en costos ilegales y en los efectos perniciosos que se le causa al derecho del ciudadano consagrado por la Declaración de los Derechos del Hombre que rige el articulado estructurado en la Constitución Política y la ley en materia electoral.

Reconoció que las elecciones en México se mantienen en espacios muy reducidos de certeza y constantemente rayan con espacios propios de la violencia, por lo que el fraude electoral se convertirá en un agravio social inaceptable para la ciudadanía

Es por ello que los legisladores debemos cumplir con nuestra responsabilidad en las tendencias de consolidación democrática que puede vivir el país si actuamos a tiempo, concluyó.

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