• Revela la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019

 

  • Resultados sustentados en el Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma a las leyes secundarias y la mejora regulatoria, entre otras iniciativas del gobernador Omar Fayad

Derivado de las acciones de prevención de los actos de corrupción en trámites gubernamentales y acciones de los servidores públicos, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), colocó al estado de Hidalgo en el sexto lugar nacional en la reducción de los actos de corrupción avanzando 21 lugares desde el inicio de la administración del gobernador Omar Fayad.

En el reporte se manifiesta que el estado escaló 16 lugares en lo referente a la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, pasando de la posición número 22 en el 2015 al lugar número seis en el 2019. Este resultado deriva de la cero tolerancia a la corrupción que el mandatario estatal ha manifestado desde inicios de su administración.

Dicho logro, se sustenta en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma a las leyes secundarias y la mejora regulatoria, que contempla trámites y servicios simplificados, además procura que la sociedad obtenga mayores beneficios con los menores costos posibles.

Esta mejora se reflejada en la Secretaría de Contraloría en la digitalización de servicios como la obtención del registro de proveedores y contratistas; así como en herramientas que evitan daños al erario público en temas de procedimientos de contratación.

En esta misma encuesta, Hidalgo se coloca en séptimo lugar en lo referente a la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, avanzando 20 lugares con respecto al 2015.

Para lograr este resultado, el Gobierno del Estado de Hidalgo por medio de la Secretaría de Contraloría ejecuta diversas estrategias para que los servidores públicos se conduzcan conforme a los valores y principios que rigen a la administración pública, además de fomentar la cultura de la denuncia, a través de los módulos itinerantes que se instalan en dependencias, instituciones médicas, educativas y entre otras.

La participación ciudadana, es uno más de los mecanismos que fomentan la reducción del indicador de la corrupción, ejemplo de ello es el Premio Nacional de Contraloría Social que otorga la Secretaría de la Función Pública y el cual obtuvo el estado de manera consecutiva en 2018 y 2019.

A estas acciones se suma la implementación del control interno en las diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal para la identificación de riesgos y mitigar la materialización de los mismos, así como la ejecución de procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que cometan actos de corrupción.

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