• Con 25 votos a favor y dos en contra, se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Este jueves, durante el desarrollo de la sesión ordinaria número 95 de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la presidenta de la directiva en turno, Lisset Marcelino Tovar, dio a conocer que se recibió la minuta emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

De acuerdo con la minuta, se reforma el primer párrafo, el apartado primer en su inicio c) y párrafo segundo, los apartados tercero, cuarto y quinto de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del apartado B de la fracción V, el primer párrafo del apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 116.

Así como la fracción III del apartado A del artículo 122; se adiciona una fracción IX al artículo 35; un inciso C) al apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside la diputada morenista, Roxana Montealegre Salvador, y la misma fue aprobada por las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo con 25 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.

La lectura del extracto, recayó en el representante partidista del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores, quien explicó que el objetivo es precisar que las y los ciudadanos tiene el derecho de votar y participar en las consultas de trascendencia nacional, estatal y regional, exhibiendo los requisitos por los cuales podrán efectuarse dichos ejercicios.

Se establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación, organización, difusión, desarrollo cómputo y declaración de los resultados, así como de promover la participación de las y los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.

Para los procesos de revocación de mandato del presidente de la República, será convocado por el INE a petición de las y los ciudadanos, en un equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

La minuta contó con el respaldo en tribuna de la representante morenista por el distrito de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, quien apuntó que, dentro del marco normativo de la entidad, a pesar de no tenerla regulada, Hidalgo cuenta con la figura de Revocación de Mandato, la cual tendrá que armonizarse con las disposiciones que marca la Federación.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, apuntó que esta reforma constitucional es un mecanismo de participación directa que permite a la ciudadanía monitorear, hacer un seguimiento y evaluar a sus gobernantes durante su mandato, lo que les permite reclamar un proceso de destitución.

El diputado morenista por el distrito de Zimapán, Víctor Osmind Guerrero Trejo, puntualizó que, “la sociedad reclama un cambio, ya le entregó todo a sus gobernantes, ahora al realizar un balance, ve que esa confianza fue defraudada al contemplad atónica el saqueo de las arcas públicas. Este dictamen recoge este sentir social y reincorpora la revocación de mandato”.

EXPONEN INICIATIVAS DE LEY

Integrantes de los diversos Grupos Legislativos, así como Representaciones Partidistas que integran la LXIV Legislatura del Congreso hidalguense, presentaron ante la máxima tribuna del estado, cinco iniciativas para modificar diversas normativas del marco jurídico de la entidad.

El primero en subir a tribuna fue el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Espinosa Silva, quien planteó un proyecto de decreto por el que se faculta al Poder Ejecutivo de Hidalgo, otorgarle pensión a las y los hijos menores de edad, de las víctimas del delito de feminicidio en el estado.

Lo anterior, al expresar que, el planteamiento establece que se otorgaría a cada uno de los beneficiarios, una pensión por el monto que determine la Secretaría de Finanzas Públicas, de conformidad con la disponibilidad y suficiencia presupuestaria de estado, las cuales serán suministradas de forma mensual y de carácter temporal, siendo dispensadas el último día hábil de cada mes y tendría como vigencia, hasta que el beneficiario cumpla su mayoría de edad.

Su compañero de bancada, el diputado Julio Manuel Valera Piedras, propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, con la cual busca armonizar la ley local con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Asimismo, explicó el legislador local, se busca garantizar que las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres fomenten el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito económico, en la toma de decisiones y en la vida social, así como impulsar liderazgos en el ámbito laboral.

El diputado integrante del Grupo Legislativo de Morena, Rafael Garnica Alonso, expuso una iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior para garantizar el combate a la corrupción en los municipios que componen el territorio hidalguense con legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, principios rectores que rigen el servicio público.

“La siguiente iniciativa, tiene como objeto en primer lugar, armonizar los términos entre Contraloría Municipal y Órgano Interno de Control, por ser este último vigente y de mejor entendimiento, impidiendo así lagunas en la interpretación de la ley. Se pretende que los Órganos Internos de Control cuenten con autonomía técnica y de gestión, de manera que esto les permita ser imparcial, en el ejercicio de sus funciones. Respecto a su presupuesto, se deberá garantizar el pago de remuneraciones y gasto corriente”, explicó.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, subió una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo, de la cual, mencionó, forma parte del paquete de iniciativas cuyo objetivo es reforzar el marco jurídico que regula la participación ciudadana.

“Plantea que el objeto de la ley sea garantizar el derecho humano a la participación ciudadana, para dar cumplimiento a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, contextualizó el representante popular.

La represente priista por el distrito de San Felipe Orizatlán, Adela Pérez Espinoza, propuso modificar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, en materia de concubinato, al considerar que es necesario y urgente que se contemple la presencia de supuestos jurídicos en la legislación familiar vigente que hasta la fecha han sido invisibilizados, provocando dicha situación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en diversas tesis en relación específicamente al tema de los alimentos entre concubinos.

Dijo que, se busca establecer que, “el concubinato declarado judicialmente tendrá los siguientes efectos: (…), a los alimentos en los mismos términos del matrimonio; a una pensión alimenticia, en términos equiparables a los de los otorgados entre excónyuges, sujetándose a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Familiares”.

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