“Mi trabajo legislativo también tiene el objetivo de dotar a la justicia penal de la certeza jurídica que la sociedad hidalguense requiere, sobre todo frente a un delito grave, el de la tortura”, señaló la diputada del GLPRI Mayka Ortega Eguiluz.

Ante el pleno del congreso local, Ortega Eguiluz expuso que “Nuestra Constitución establece como atribución exclusiva del Congreso de la Unión el legislar en materia de tortura a través de la ley general correspondiente”

“En junio de 2017 se expidió la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, que estableció la necesidad de armonizar el marco jurídico de las entidades federativas”, señaló la diputada priista.

Por ello, explicó, “propuse en el Congreso del Estado la necesidad legislativa de armonizar la norma específica en materia del delito de tortura, en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”

Informó también que “Específicamente propuse derogar dicho artículo 322 bis a efecto de que las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia en el Estado, en materia de tortura, se sujeten a lo dispuesto en la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”

Finalmente, Ortega Eguiluz resaltó que “esta armonización nos garantiza no vulnerar los principios de seguridad jurídica, el acceso a la justicia de las víctimas y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, que exige que se describan con la mayor exactitud posible, las conductas que están prohibidas, por constituir delito”, concluyó.

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