La bancada de Morena, que es mayoría en el Senado de la República, presentará al pleno dos iniciativas para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, y nombrar a un gobernador provisional.

Los senadores morenistas argumentan que los índices delictivos y de seguridad en los dos estados gobernados por el PAN, están rebasados y sus gobernadores muestran “incapacidades”, para controlar la ola de violencia que vulnera a sus habitantes.

En el caso de Guanajuato, Morena asegura que el estado atraviesa desde hace por lo menos cinco años una grave crisis de violencia e inseguridad sin embargo señalan que el gobierno encabezado por el panista Diego Sinhué, ha dejado de manifiesto “la incapacidad” de preservar la seguridad en el estado.

En el caso de Tamaulipas, la bancada de Morena sostiene que actualmente es una de las entidades federativas más violentas del país donde sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes; y aseguran que la crisis de inseguridad se intensificó desde la llegada del gobernador panista Javier Cabeza de Vaca, en 2016. Para ejemplificar la situación que se vive en esa entidad citan la detención arbitraria y montaje por parte de elementos de la policía estatal  para ejecutar a ocho personas.

En la sesión de este martes, Morena hará la solicitud en ambos estados de gobierno panista con base en el artículo 76 constitucional, fracción V, que da al Senado la facultad exclusiva de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa” y nombrar a un titular del poder ejecutivo provisional, “quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa”.

Hace una semana,  la bancada del PAN anunció que  presentará una petición para emitir la declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz, ante el mal manejo que está haciendo el gobernador  morenista Cuitláhuac García argumentando la “grave crisis constitucional” que pone en riesgo “al sistema de justicia”, esto luego de Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, fuera destituido, y ante hechos como la masacre en el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, el pasado 27 de agosto.

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