A ocho meses de dejar la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales, para eliminar “artículos antipopulares” introducidos, sostuvo, en el periodo neoliberal y contrarios al interés público.

Las iniciativas van desde un paquete de propuestas para elevar a rango constitucional programas de su sexenio, como la pensión de adultos mayores o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta la prohibición del maltrato animal, el comercio del fentanilo, el fracking para la explotación minera, el uso de factureras y que la Guardia Nacional quede en manos del Ejército.

Las reformas fueron presentadas por el presidente en una ceremonia celebrada en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, donde se discutió la Constitución de 1857 y en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917.

En lo político, destaca su intención de reducir las Cámaras del Congreso (300 diputados y 64 senadores), eliminando la Representación Proporcional.

Esta iniciativa contrasta con la que presentó hace un año, cuando propuso eliminar los distritos electorales y elegir a los diputados por listas nacionales de cada partido. Esa iniciativa se rechazó en diciembre de ese mismo año.

También propone suprimir el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

El Consejo General del INEC estaría integrado por 7 integrantes (y no 11 como el actual INE), y se plantea que éstos sean electos mediante voto popular, a partir de ternas propuestas por los tres Poderes de la Unión (10 por cada Poder). El periodo de los consejeros sería de seis años, y no nueve como actualmente ocurre.

También sugiere que los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elijan por voto popular a partir de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También para un periodo de seis años.

Las elecciones de ambos cuerpos colegiados serían organizadas por el propio INEC, en un plazo máximo de un año después de la entrada en vigor de la reforma. Los actuales consejeros y magistrados podrían ser elegibles en esa primera ocasión.

Además, propone la elección mediante voto directo de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 752 jueces, 883 tribunales, 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 18 magistrados de Salas Regionales del TEPJF.

 La iniciativa establece en los artículos transitorios que los ministros, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma concluirán su encargo en la misma fecha que tomen protesta los nuevos servidores públicos que surjan de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, propuso una iniciativa para la desaparición de órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI). López Obrador propuso que los recursos destinados a estos organismos se usaran para pago de pensiones, si bien aportarían menos del 0.1% del total requerido.

La propuesta plantea que sería la Secretaría de la Función Pública la que se encargaría de resguardar los datos personales de los ciudadanos y de responder a solicitudes de transparencia, pero la colocaría en una posición de juez y parte, pues forma parte del poder Ejecutivo. Además, propuso la eliminación del Consejo la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Y la fusión del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI.

La reforma de pensiones que propone el presidente no revierte la reforma de 1997, ni la reforma de 1973, se trata de una reforma compensatoria para que sea posible entregar a un pensionado el equivalente a su último salario o su salario promedio, según le convenga.

Sin embargo, no hay claridad sobre si habrá dinero suficiente para mantener el proyecto. La propuesta de López Obrador consiste en la apertura de un “fondo semilla” con un presupuesto de 64 mil 619 millones de pesos (mdp), que de ser aprobado comenzará funciones el 1 de mayo de 2024. Este fondo permitirá depositar el dinero faltante a las personas pensionadas.

De acuerdo con la iniciativa, el 75% del dinero provendrá de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; además de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (que originalmente estaban propuestos para ayuda en Acapulco); la eliminación de órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados y la liquidación de la Financiera Rural.

Además de la venta de inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el ISSSTE; de los adeudos al SAT, el IMSS y el ISSSTE de parte de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Congreso de la unión, el Poder Judicial, organismos autónomos, congresos y administraciones locales.

También de los recursos provenientes de subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS que no fueron reclamadas después de diez años, de los recursos de la subcuenta de vivienda que gestiona INFONAVIT y que no fueron reclamadas después de diez años y el 25% de los ingresos del Tren Maya, AIFA y aeropuertos de Sedena y Marina. Así como de donaciones.

Otra de las reformas con las que López Obrador quiere modificar la Constitución es añadiendo la prohibición a la producción, distribución y comercialización de drogas sintéticas, como el fentanilo –al igual que de vapeadores–. Sin contemplar ninguna otra propuesta sobre regulación de sustancias ni de prevención y atención al consumo problemático.

Otra iniciativa, propone elevar a categoría constitucional la protección de los animales, con una reforma al artículo 73 de la Constitución en la que se establezca que debe expedirse una ley general en la materia.

Esta protección deberá darse de acuerdo con la naturaleza y características de los animales, sus vínculos con las personas, así como con la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y aprovechamiento de aquellos que sean para consumo humano.

También buscará reformar el artículo 3° constitucional para hacer obligatoria la inclusión de la protección y cuidado de los animales en los planes y programas educativos.

En materia de medio ambiente, la reforma del presidente propone reformar los artículos 4° y 27 constitucional para establecer la protección del agua para consumo personal y doméstico, así como la prohibición de cultivos de maíz transgénico, de la minería a cielo abierto y del fracking.

Sobre el maíz, la propuesta busca que, en su calidad de alimento básico y elemento de la identidad nacional, sea un producto de consumo humano libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.

También pretende garantizar que el Estado fomente la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado.

En materia de protección del agua, pide que se establezca como prioritario el consumo personal y doméstico por sobre cualquier otro uso, y que se prohíba el otorgamiento de concesiones en zonas con escasez del líquido.

Otras reformas que plantea son la prohibición del otorgamiento de concesiones para actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales a cielo abierto, así como del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos (fracking).

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