Habitantes de diferentes regiones del estado, principalmente de la capital del estado y zona conurbada, hacen un llamado a las autoridades judiciales, para investigar a despachos “jurídicos” que han recrudecido sus amenazas de embargo e incluso, hasta de arrestos por supuestas deudas bancarias y con tiendas departamentales. 

De acuerdo con un grupo de personas que proporcionaron sus datos personales pero que solicitaron la omisión de los mismos por temor a represalias, son constantes las amenazas vía oficios, donde los encargados o representantes de despachos jurídicos como Corporativo PREA SC, aseguran que su equipo de abogados ejecutará en determinada fecha una diligencia de cobro autorizado por la ley. 

Al mismo tiempo, afirma que se ejecutará un embargo a la vista de vecinos y con la ayuda de cerrajeros, el cierre necesario de circulación de las calles, para poder abrir la vivienda con la presencia también de un actuario, además de que se llevarán computadoras y aparatos electrónicos y eléctricos que serán subidos a una mudanza que además, pagará el deudor por la cantidad de siete mil pesos. 

Los inconformes, señalaron que los supuestos despachos “jurídicos”, cierran su amenaza al asegurar que en caso de que alguien intente impedir su intervención o atraco, se ejecutará una medida de apremio que puede ser hasta de 72 horas de arresto. 

De igual manera, dijeron  que es urgente que las autoridades judiciales investiguen el actuar de estos grupos o corporativos “jurídicos; de manera reciente mencionaron,  se conoció la forma de operar de grupos de abogados o corporativos como la Firma Jurídica Díaz, que defraudaba a empresas con varios millones de pesos, por lo que no se descarta que estos grupos actúan con fraudes hormiga contra la población. 

Por último, los inconformes, señalaron que además de pedir la intervención de las autoridades judiciales para investigar a este tipo de “despachos jurídicos”, están dispuestos en hacer llegar los oficios de inconformidad necesarios para evitar que tanto instituciones bancarias como sus representantes legales cometan uno más de sus actos ilícitos. 

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