Violencia política 

A nadie conviene, pero tampoco nada se hace por detener la creciente violencia política que marca el actual proceso electoral y que conforme se acerca el primero de julio parece aumentar producto del encono y polarización de las fuerzas políticas y sus candidatos.

 El sello de la impunidad aparece en cada acto, con una cada vez más significativa indiferencia de autoridades electorales y judiciales que parecen  no ver lo que ocurre en las calles y en las redes sociales.

 Lo ocurrido el pasado fin de semana afuera de las instalaciones de la junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tula luego del debate de candidatos al senado, es un acto delictivo que no debe quedar en el anecdotario ni en la estadística de la fiscalía especial para la atención de delitos contra periodísticas y muchos menos en la de delitos electorales (FEPADE).

La manera en que hoy a quedando al descubierto que todo fue tramado para reventar un acto de confrontación de ideas y propuestas, merece una investigación a fondo y el retiro incluso de la candidatura a Julio César Ángeles Mendoza de MORENA, por ser quien llamó al grupo de choque que  llegó a la sede electoral a golpear a quien estuviera enfrente.

Se tienen evidencias de un chat de comunicación interna del aspirante de Morena, donde pide la presencia de un grupo de hombres “principalmente sin propaganda de morena (sic)” para encarar las protestas de transportistas en contra de Julio Menchaca y que fueron quienes a la postre agredieron al compañero reportero Francisco Reyes.

Sumado a la llamada que el mismo candidato Ángeles Mendoza hizo al comunicador para “ofrecerle disculpas” por la actuación del delegado municipal de Ocampo y seguidor suyo Noé L.G. quien ha sido identificado como el principal agresor, deben ser elementos de prueba para integrar al expediente y castigar a quien promueve, incita y genera violencia.

Estos actos porriles sumados a los que integrantes del “Grupo Universidad” han cometido contra los propios simpatizantes de Morena, no deben quedar en la impunidad por el bien del estado y del país, porque al final como bien editorializó un medio de comunicación  el fin de semana, unas elecciones bañadas de sangre no son precisamente señal de una democracia vigorosa.

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