México ya no es una nación joven, envejece paulatinamente, dice el diputado Hernán de Jesús Orantes López.
La propuesta es una manera de proteger los derechos humanos de este grupo vulnerable.
Expedir la Ley de Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 Años residentes en zonas indígenas, rurales y marginadas de la República mexicana, es la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, la cual busca garantizarles mejores niveles de bienestar, así como igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Expuso que la escasez de servicios de salud y de asistencia social en las regiones marginadas, indígenas y rurales del país, ha traído como consecuencia que la esperanza de vida en esos territorios sea menor que la media nacional, lo que obliga emprender medidas que les aseguren condiciones favorables para una existencia de calidad.
Al presentar la iniciativa correspondiente, el diputado federal Hernán de Jesús Orantes López planteó que la formación demográfica de México cambia rápidamente, y por tanto ya no se considera una nación joven, por el contrario envejece paulatinamente, lo que significa que hay un aumento de las personas adultas mayores.
De ellas, dijo, una parte importante vive en las zonas marginadas, rurales e indígenas sin posibilidades de alimentarse adecuadamente, dadas la situación de marginación, rezagos, carencia de políticas públicas adecuadas, abandonos, entre otros factores.
Enfatizó que hoy por hoy es obligación del Estado mexicano satisfacer esa mínima necesidad, como la referente a la alimentación, pues es una manera de proteger los derechos humanos de este grupo vulnerable.
El legislador indicó que ante la problemática que se vive es imperativo establecer en la legislación secundaria el derecho a la comida, a través de la pensión alimentaria correspondiente.
Jesús Orantes López manifestó que si bien el gobierno federal ha implantado diversos apoyos a este sector poblacional, también lo más sano y maduro para una sociedad es contar con instrumentos de apoyo establecidos en la ley, a través de los cuales se concreten los derechos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así dar certeza y tranquilidad a este sector social, pues se ha dejado a un lado el riesgo existente, derivado de la posibilidad de que con en el cambio sexenal de gobierno su derecho sea afectado.
Dijo que una de las propuestas es que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establezca las zonas indígenas y rurales marginadas de nuestro país, para registrar la totalidad de las personas adultas mayores que deberán ser beneficiada.
Puntualizó que a la luz de la realidad que se vive es necesario e inminente contar con la Ley de Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 Años Residentes en zonas indígenas, rurales y marginadas de la República mexicana para dar la atención debida a estos sectores poblacionales y asegurarles una mejor calidad de vida, sin marginaciones, sin distingos.
En su exposición, Orantes López aludió que esta LXI legislatura se ha distinguido, entre otras cosas, por las reformas constitucionales encaminadas a fortalecer los derechos humanos, de manera especial en lo que hace a lo referente al fomento de la soberanía alimentaria.
Dijo que de esta manera se ha establecido en la Carta Magna la necesidad imperiosa de dotar de alimentos a la población y añadió que muestra de ello son las reformas del artículo cuarto constitucional, con la adición de un tercer párrafo, que consigna que el Estado garantizará el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a la que toda persona tiene derecho.
Incluso, señaló que los tratados internacionales suscritos por México que abordan el tema del derecho a la alimentación son de carácter obligatorio para el Estado, como lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna.
Aludió que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca que los Estados miembros reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como su disposición para tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la alimentación.
Al concluir señaló que los países reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, por lo que se han comprometido a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
